Control constitucional
Es impostergable la designación de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, si es que se quiere poner en vigencia la nueva Constitución Política del Estado, como pretende el Gobierno. Los amparos de inconstitucionalidad se presentan a diario en el ámbito del Poder Judicial y no pueden ser resueltos debido a las acefalías en ese cuerpo colegiado, que desde hace más de ocho meses no puede reunir el quórum de reglamento para atender las demandas presentadas. Por la falta de designación de los miembros de ese tribunal se está causando graves perjuicios a los ciudadanos que han planteado recursos que no son atendidos. Pero el Congreso Nacional no puede llenar las acefalías desde hace mucho tiempo por la falta de flexibilidad política de las fuerzas partidarias con representación parlamentaria. Pese a los reclamos, los legisladores, así estén interesados en llenar esos vacíos, se limitan a obedecer consignas e instrucciones de los dirigentes de sus partidos para evitar la nominación de postulantes.
Cuando todo hacía pensar que aprobada la nueva Constitución podría entrar en vigencia, el oficialismo observó que no tiene la mayoría necesaria de miembros en el Senado para trabajar en coordinación con el Ejecutivo y el MAS, por lo que anunció que recurriría a los “decretazos”, pasando por alto al Poder Legislativo. Sin embargo esas paradas de “gallo viejo” a las que recurrían los legisladores y dirigentes del masismo a nada bueno conducían, por el contrario, debilitaban la popularidad del partido de gobierno y del presidente Evo Morales Aima.
Mientras tanto la ciudadanía clama que sean llenados los vacíos que afectan al Poder Judicial, como también al Ejecutivo, porque se da lugar a la retardación de justicia, sobre todo para las demandas de inconstitucionalidad por violaciones a la Constitución Política del Estado. Pero como no hay autoridad para dirimir esas causas, se las viene arrastrando desde mucho tiempo atrás y cuando sean atendidas y resueltas puede ocurrir que las mismas ya no interesen o ya no sean necesarias, por los plazos que corren en los juicios. Por lo tanto no se debe continuar postergando el llenado de acefalías, no sólo en el Tribunal Constitucional, sino también en el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación. Un país con más de 25 años de democracia ininterrumpida no debe ser administrado con interinatos, exasperando que los políticos no lleguen a acuerdos o consenso, ya que prefieren el cuoteo o la repartija de cargos ejecutivos.
Un constitucionalista manifestó recientemente que para la aplicación de la nueva Constitución se requiere con urgencia el funcionamiento del Tribunal Constitucional, con la finalidad de reactivar el control constitucional en el país. La puesta en marcha del TC es necesaria para la aplicación, por ejemplo, de los estatutos autonómicos en el marco de la nueva Carta Magna, aprobada el 25 del mes que concluye, en el referendo constituyente. Ese Tribunal, según el texto constitucional vigente hasta la promulgación de la nueva CPE, tiene como función principal ejercer el control constitucional de las leyes en el país y está integrado por cinco miembros que conforman una sola sala, quienes son designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos. Actualmente ese tribunal cuenta con una magistrada, por lo tanto el Legislativo debe elegir a los cuatro componentes restantes. Si no lo hace, no serán resueltos los recursos de inconstitucionalidad presentados y los que estén por presentarse, porque el tema es politizado y ninguno de los partidos con representación parlamentaria quiere flexibilizar posiciones.
Tanto el Gobierno como la oposición usaron en sus discursos el tema de la autonomía, pero si realmente están interesados en hacer realidad esa propuesta tienen que impulsar la designación de los magistrados que faltan en el Tribunal Constitucional. Si no lo hacen no entrarán en vigencia los estatutos autonómicos contemplados en la nueva Constitución, lo que significa que el país continuará postrado en sus aspiraciones, por falta de compromiso de los legisladores y gobernantes. El nuevo texto constitucional ha sido producto de un proceso muy cuestionado, pero al final fue viabilizado por quienes dicen ser de la oposición. Así como se dio “luz verde” para la modificación de algunos artículos del proyecto original, es necesario poner el mismo empeño para llenar las acefalías en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y otros organismos.
