Una Constitución por la pendiente del desorden y la pobreza
Mario Alfonso Ibáñez M.
En el marco del ordenamiento institucional del país y la vigencia de la democracia tan difícilmente alcanzada, se esperaba que el Congreso de la República reunido en octubre del pasado año pudiera corregir libremente, tal como se había acordado, el proyecto constitucional ilegal y precipitadamente aprobado en un recinto militar de la ciudad de Sucre. Lamentablemente esto no fue así porque el Gobierno organizó en aquella fecha una ‘poblada’ en la plaza Murillo, la misma que articulada para agredir en caso necesario a los congresistas opositores, tan sólo permitió modificar algunos de sus 411 artículos, o sea que más pudo el temor al ultraje personal y el cuidado a la vida de los congresistas opositores, lo que dio como resultado la frustración de poder contar con una Constitución integradora, adecuada a las necesidades de una Nación y de un pueblo angustiado por salir del atraso y la miseria.
El pueblo boliviano castigado por una pesada carga de politiquería urgida por vaciar las arcas fiscales, deseaba que en un clima de reflexión y diálogo civilizado se hubiera materializado una Ley de leyes ordenada en su textura, sabia en sus conceptos reivindicativos y fiable en sus procedimientos y no una Constitución saturada de utopías ideológicas, malintencionadamente dirigida a generar rencores y revanchas entre clases sociales y regiones. Pero aún más, se tenía la esperanza de que aquel proyecto, más que con ingredientes políticos, contara con directrices económicas orientadas a modificar las estructuras productivas para crear empleo, manejar la macroeconomía para forjar riqueza y así alcanzar una economía estable de bolsillo tanto en las ciudades como en las áreas rurales.
Por el contrario, el afán desmedido de sectores jacobinos del Gobierno embriagados por el fácil uso del poder, dio lugar a la vía libre de consignas radicales muchas de ellas dirigidas desde Cuba y Venezuela en flagrante atentado a la soberanía de Bolivia. De esta manera, en lugar de una Carta Magna adecuada al contexto nacional, hoy tenemos para consulta ciudadana una Constitución sui géneris, desordenada, inaccesible a soluciones racionales y equitativas, peligrosa para la unidad de la Nación al proyectarse un carnaval de autonomías con todos los requisitos de pequeños países y además, proclive a que la pobreza se acentúe en los siguientes años con subproductos de prostitución, delincuencia, drogadicción y alcoholismo.
De nada sirvieron las recomendaciones que oportunamente hizo el constitucionalista Dr. Benjamín Miguel en más de 200 artículos de aquella CPE, las cuales fueron hechas públicas en el matutino EL DIARIO. De nada valieron los mensajes que distinguidos profesionales de diferentes disciplinas expusieron en la prensa nacional. No se atendió las demandas de sectores obreros y campesinos no politizados para enmendar errores del documento de referencia.
Demasiado dinero del TGN se está gastando desde aquella Asamblea Constituyente hasta el referéndum del 25 de enero que se aproxima y otros referendos que están siendo agendados por ‘iluminados visionarios’ de un proceso de cambio que no es tal, mientras los niveles de pobreza extrema siguen vigentes en el campo y en las ciudades desde mucho antes del neoliberalismo por efecto de sus falsarios dirigentes que ayer nos prometieron bienestar y crecimiento y que hoy sus ‘clones’ con equivocada etiqueta socialista persisten en que Bolivia siga siendo un país inviable, encuevado, mendicante y pobre en extremo.
La Asociación Boliviana de Ciencias Políticas en páginas del matutino EL DIARIO está enumerando gruesos errores de la nueva CPE. Iguales opiniones tiene la Federación de Profesionales de Cochabamba (Canal 21-12/01/08). El Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha puesto en evidencia un delicado asunto: “Qué independencia puede tener un juez si por el sistema de elección y promoción (nueva propuesta de la CPE) está subordinado a los grupos de poder (Estado Centralista y “movimientos sociales”). Alex Parijawa del Consejo de Jóvenes del Alto Beni lamentó que: “En el Art. 362 del Proyecto de CPE se “constitucionalizan” los contratos “ilegales” firmados con las empresas transnacionales” y el dirigente de los choferes del Transporte Internacional Silvestre Susano explicó que en “el Art. 308, parágrafo II se “constitucionaliza” el modelo neoliberal” (EL DIARIO 9/1/8). El ex-dirigente indígena y ex vicepresidente de la República Victor Hugo Cárdenas ha señalado: “El nuevo texto constitucional no unirá a los bolivianos… Se comenzará el 2009 con una ratificación de la división social, territorial y política” (EL DIARIO 4/1/08). Parecidas exposiciones corresponden a los sociólogos Carlos Hugo Laruta y Fernando Untoja así como al dirigente alteño Roberto De la Cruz, a los dirigentes campesinos Felipe Quispe y Alejo Veliz, a los dirigentes mineros de Oruro, entre ellos Jaime Solares.
¿Acaso una Bolivia sin rumbo y con extrema pobreza seguimos queriendo los bolivianos del campo y de las ciudades? ¿Cómo es posible que en una especie de masoquismo sigamos permitiendo que pequeños sectores radicales nos sigan empujando por la pendiente del desorden y la pobreza hasta anular la paz y la concordia que necesitan los humildes de este país para tener mejores condiciones de vida y trabajo?
Obreros, campesinos, clase media, pequeño, medianos y grandes empresarios progresistas por nuestra dignidad y por la dignidad de Bolivia, debemos escoger el verdadero camino para tener libertad y bienestar económico hoy y un mañana mejor y no seguir siendo pobres como hasta ahora por obra de la demagogia y el engaño de una nueva oligarquía que pretende perpetuarse en el poder.
