Guerra a la corrupción
El presidente Evo Morales Aima en la inauguración del Séptimo Congreso Nacional del Movimiento Al Socialismo, realizado el pasado fin de semana en la ciudad de Oruro, reconoció que gente de su Gobierno, que trabaja en la administración pública, está comprometida con la corrupción. La reacción del Jefe de Estado es tardía, porque a pocos meses de su asunción al mando de la Nación hubo denuncias sobre irregularidades cometidas por autoridades nacionales, siendo destituido el Director de una institución del Estado, por cobrar dinero por servicios prestados o por prestar. Con esa acción parecía que el nuevo Gobierno estaba dispuesto a luchar contra la corrupción, produciéndose luego cambios y destituciones en YPFB, afectando a connotados dirigentes del MAS. Pero esa forma de enfrentar la corrupción quedó devaluada porque los destituidos no fueron sometidos a procesos ante la justicia ordinaria, ya que contaban con la protección política del oficialismo. Esa forma de actuar decepcionó a los bolivianos que estaban seguros de que había llegado una etapa de cambios en Bolivia, sin embargo se trataba de espejismos que desvalorizan la lucha contra las irregularidades de aquellos que se sienten poderosos por formar parte de un partido en función de gobierno.
La reacción del Jefe de Estado ante la corrupción de masistas en la administración pública seguramente se debe a que ya no puede soportar inmoralidades, que se inician con la venta de avales políticos y la entrega de empleos públicos a cambio de dinero. Con tal práctica, que se dio también en gobiernos anteriores, algunos se benefician económicamente a costa de los “compañeros”, “camaradas”, “compadres”, “hermanos”, etc. Por este motivo se viene postergando la aprobación de la Ley sobre Investigación de Fortunas que se puso a consideración del Poder Legislativo, porque desde que se recuperó la democracia en Bolivia, el 10 de octubre de 1982, existe la intención de legislar el instrumento normativo que castigue el enriquecimiento ilícito de algunos malos bolivianos que llegan a aprovechar del poder.
Morales Aima en Oruro manifestó: “el funcionario público en algún Ministerio, en alguna entidad descentralizada, si no tiene conciencia social, se va de su cargo. Si no tiene compromiso político, se va de su cargo. Si no hay capacidad, se va de su cargo. Peor todavía si es corrupto”. Por ello tiene que ejecutar la lucha contra la corrupción y empezar a sancionar a altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo sobre los que pesan denuncias de corrupción, como es el caso de la autorización que salió del Palacio de Gobierno para liberar 33 camiones cargados con contrabando; el tráfico de pasaportes y visas a ciudadanos de China, como si se tratase de bolivianos; la autorización para el ingreso de profesionales y agricultores chinos, muchos de los cuales nunca llegaron al país, donde están involucrados parlamentarios del MAS, como también dejar de presionar a las autoridades encargadas de la lucha contra el narcotráfico para pasar por alto los delitos cometidos contra la Ley 1008, por parte de dirigentes y militantes masistas, en su mayoría productores de coca.
Otra forma de corrupción es el tráfico de influencias que cometen algunos legisladores del MAS para favorecer la corrupción. Es el caso de irregularidades en el municipio de Palca, motivo por el cual su alcalde fue enviado a la cárcel y éste designó a su sucesor, aunque lo correcto era que el Concejo Municipal haga democráticamente la elección. Esto ocurrió, pero el elegido no es del agrado de muchos dirigentes masistas, porque según denuncia se malversó 8 millones de bolivianos, existiendo una nota interna de la Directora General de Asuntos Jurídicos y el Asesor Jurídico del Ministerio de Hacienda, que desautorizan a un senador del MAS, pidiéndole que cumpla la ley y no haga solicitudes que no corresponden, como que “no se dé curso a la habilitación de nuevas firmas”. Estas irregularidades fueron denunciadas por masistas a la Presidencia de la República por los canales correspondientes, pero nada se hizo al respecto. Si el Gobierno realmente lucha contra la corrupción, debe dar señales claras en tal sentido.
El Presidente no debe perder más tiempo, es hora para actuar sin contemplaciones, porque sabe de gente que practica extorsiones, contrabando, narcotráfico, venta de cargos público, negociados, trafico de influencias y otros que dañan la imagen del país y del MAS. Como dijo el Jefe de Estado, la lucha contra la corrupción tiene que empezar por casa, lo que equivale a que las denuncias que pesan en contra de dirigentes y militantes masistas, deben ser investigadas y si existen responsables someterlos a sanciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional.
