Vidriosas situaciones sobre el narcotráfico
Vino a aliviar a la opinión pública y seguramente también al Gobierno, el fallo de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba, que revoca la resolución del juez José Luís Dávila, de Villa Tunari, quien graciosamente había concedido libertad provisional a las hermanas Juana y Elba Terán y a Tomás Veizaga, cónyuge de la última, con sólo una fianza monetaria de 150 mil bolivianos, después de que en su vivienda fueron encontrados 147 kilogramos de cocaína y otros elementos de incriminación por narcotráfico, por lo que según la disposición de la Corte deben regresar a la cárcel.
Las evidencias de que la producción de droga y el narcotráfico se han intensificado en el país, parecen indicar que junto a la expulsión de la DEA se halla cierta protección a ese hecho ilícito, aunque fuera transversalmente, como la sugestiva libertad a los señalados narcotraficantes, todos cultivadores de la hoja en el Chapare, miembros del MAS y parientes cercanos de una constituyente de la misma filiación e idéntico apellido. Si la Ley 1.008 aplicable al caso es taxativa sobre la privación de libertad, sin duda, el juez de Villa Tunari no pudo resistir tanto la presión de los cocaleros, verdaderos mandamases del lugar, cuanto que tratándose de gente allegada al oficialismo su actuación quedaría a salvo, sin descartar supuestamente que medió la venalidad.
Antes de la resolución de la Corte de Cochabamba, la Ministra de Justicia y el Viceministro respectivo coincidían en que se había dispuesto una investigación al respecto y que aguardaban el resultado, sembrando dudas generalizadas por la forma contemplativa que adoptaban. El Consejo de la Judicatura que mostró agilidad para sancionar a un juez que falló contra los deseos del Gobierno en el caso de Pando, se cruzó de brazos frente a la flagrante ilegalidad en análisis. Al mismo tiempo, la prosecución del proceso en Villa Tunari hace temer que a la postre la impunidad vuelva a imponerse, al margen que a diferencia del proceso de Pando, no se remitió lo actuado a la jurisdicción de la capital del departamento, que sería la medida más aconsejable en vista de lo anotado y que se ajustaría más a derecho que el antecedente señalado.
La FELCN informó que hasta agosto del pasado año fueron practicados 6.994 operativos y se destruyó el cuantioso guarismo de 3.132 fábricas de cocaína, habiéndose descubierto 5.008 pozas de maceración de coca, además del decomiso conjunto de 1.128 toneladas de cocaína y marihuana, lo anterior con mayor incidencia en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El Alto se ha convertido en el lugar predilecto de elaboración de cocaína de la región. Por su parte, las autoridades sostienen que en los dos últimos años se ha erradicado más coca que en los años precedentes, pero no es menos cierto que los cultivos han crecido considerablemente como lo respaldan dichos informes.
Como si no fuera suficiente, inclusive las autoridades el ramo admiten que los cocaleros sorprendidos en la fabricación de cocaína son sancionados únicamente con el decomiso de sus tierras, pero no son objeto de denuncia al Ministerio Público. ¿Estamos ante el ejercicio de la justicia comunitaria?
