Voto inducido
A medida que se acerca el día del referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución Política del Estado, elaborada por el Movimiento Al Socialismo, surgen nuevas críticas sobre el documento con el cual el partido de Gobierno quiere hacer cambios en el país. Las primeras observaciones fueron sobre cómo los llamados opositores al masismo viabilizaron la aprobación del texto constitucional en el Legislativo y las convocatorias al Referéndum Constitucional y Dirimidor de la tenencia de la tierra (para el próximo 25 de enero) y de las elecciones generales (fijadas para el primer domingo de diciembre de 2009). Ahora es cuestionado el contenido de la papeleta, ya impresa, que será utilizada en la consulta popular del último domingo del presente mes, ya que induce el voto a favor de la propuesta gubernamental. Además el Tribunal Constitucional que debe dirimir las violaciones y los delitos que son cometidos en contra de la Constitución, está acéfalo, sólo cuenta con una integrante.
Ante dicha situación del referido tribunal, el Ejecutivo está haciendo lo que le place, sin considerar la opinión de los ciudadanos y de las instituciones que no son afines a los gobernantes. Para alcanzar sus objetivos provoca conflictos entre los Poderes del Estado, en el caso del Judicial sus miembros son víctimas de insultos y acusaciones que salen de Palacio de Gobierno, como parte de la estrategia para luego iniciar demandas contra aquellos jueces que no son de su agrado o que no acatan las instrucciones gubernamentales. Por lo tanto lo que busca es alejarlos de sus mandatos constitucionales, para cubrir los puestos acéfalos con gente masista.
Según un ex vocal de la Corte Nacional Electoral, el Gobierno recurre a métodos vedados para inducir el voto a favor de su consigna, que es la aprobación del nuevo texto de la CPE. Fundamenta su apreciación en que la papeleta del próximo referéndum se menciona un consenso logrado entre los prefectos y los alcaldes del territorio nacional con el Ejecutivo, lo que en ningún momento se dio. Por ello tal contenido no es neutral, induce al elector a emitir su voto por el ‘Sí’. Además dicha papeleta ya está impresa y es distribuida por las Cortes Electorales Departamentales y su manejo se lo hizo en reserva, lo que no se justifica, porque los delegados de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas y los medios de comunicación deberían conocerla y poder hacer observaciones oportunas. Tampoco son conocidos informes sobre el proceso del referéndum, ya que no hay reuniones periódicas con los delegados de las fuerzas políticas y agrupaciones ciudadanas que cuentan con personalidad política.
Otro cuestionamiento sobre la papeleta del referendo es que no fue puesta a consideración del Tribunal Constitucional para su respectiva revisión, así sea que esta entidad tenga acefalías, como ocurre actualmente. Por esas y otras omisiones los electores dudan de la transparencia del acto electoral que llevará a efecto la Corte Nacional Electoral. Estas anomalías merecen una explicación por parte de las autoridades electorales, para evitar más desconfianza de la población.
Preocupa que en el acuerdo entre oficialistas y “opositores” liderados por Jorge Quiroga -considerado el mejor aliado del Gobierno- para la realización del referéndum, no se haya considerado la necesidad de una auditoría al padrón electoral. Esto es considerado un grave error de la oposición, porque se deja pasar todas las irregularidades que fueron establecidas, por ejemplo, en el primer informe de la OEA, que menciona que más del 30 por ciento de ciudadanos no pudieron emitir su voto por problemas con el padrón. Además la Corte Electoral Departamental de Santa Cruz encontró 150 mil electores que no estaban consignados en el Registro Civil, o que en siete comunidades que anteriormente habían votado contra el MAS, pasado poco tiempo votaron por el ‘Sí’ con abrumadora mayoría, lo que resulta sospechoso porque miles de nuevos inscritos habían participado, sin una transparente acreditación.
La causa principal de las irregularidades del padrón está en la Dirección de Identificación Personal que depende del Ministerio de Gobierno, donde se procedió a la “carnetización” gratuita y fueron entregadas 400 mil cédulas de identificación, sin la constatación de la documentación correspondiente. Esa labor fue hecha en casas de campaña del MAS. Si realmente se quiere una consulta popular transparente se debe corregir esas ilegalidades y que los observadores de la Unión Europea vayan a las comunidades campesinas, donde el voto es dirigido por los dirigentes sindicales afines al partido de Gobierno. Sino son solucionadas tales irregularidades, se confirmará que el voto está inducido a favor de los gobernantes.
