Prohíben a jueces participar en talleres del Gobierno

(ANF).- La Corte Suprema de Justicia prohibió a los jueces, mediante un instructivo, participar en cursos, talleres o seminarios que organice el Viceministerio de Justicia y los instruyó acudir solamente a eventos que realice el Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB).

Esta determinación es fruto de la última cumbre judicial que fue realizada en Trinidad, Beni, a principios de diciembre, donde los magistrados resolvieron defender la independencia del Poder Judicial ante las amenazas del Gobierno.

El instructivo firmado por el decano de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Sandoval, señala que a partir de la fecha no se autoriza la concurrencia de ningún operador de justicia a convocatorias que realice el Viceministerio de Justicia para reuniones, seminarios o talleres, pudiendo hacerlo únicamente a las que sean efectuadas por el Instituto de la Judicatura, según señala la determinación asumida en Sala Plena y enviada a los presidentes de Cortes Superiores.

Esta es la primera medida concreta que emite la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia después que algunos de sus ministros, hasta hace poco estuvieron en reuniones de coordinación con el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez en la misma sede del Poder Judicial.

Empero, este tipo de reuniones, entre la autoridad de Gobierno y los ministros Teófilo Tarquino y Ángel Irusta fueron observados por sus colegas que expresaron cierta susceptibilidad.

La orden de no participar en reuniones convocadas por el Ejecutivo salió hace dos semanas y fue dirigido a los presidentes de cortes superiores de los nueve distritos del país y a los vocales y la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) para su difusión.

Respecto al trámite de los juicios de responsabilidad, también estaba en puertas una resolución que “recordaba” a los jueces las competencias en el trámite de juicio de responsabilidad y otros procesos, ante la cuestionada actuación de los jueces paceños que ordenaron la detención preventiva de ciudadanos que supuestamente cometieron delitos en otros distritos.