Bolivia, 24 de diciembre de 2008
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El contrabando que hizo caer un Gobierno

Luis Antezana Ergueta

Un notabilísimo caso de contrabando en la historia de Bolivia (porque el contrabando también tiene su historia), el mismo que produjo una interpretación en el Senado, una crisis de Gabinete y, finalmente, la caída de un Gobierno, fue el que se produjo el año 1918, acto ilegal del que fueron protagonistas el empresario Simón Patiño y el gobierno de entonces presidido por el Dr. José Gutiérrez Guerra.

Al finalizar la segunda década del Siglo XX, Bolivia era saqueada de sus metales estratégicos por grandes mineros, mientras el Estado vivía en la miseria permanente y la población se debatía en la extrema pobreza. Pero la Gran Minería no sólo se beneficiaba con la exportación de oro, estaño, y otros, sino también aprovechaba para hacer “pequeños” negocios importando artículos de consumo, como el alcohol, para abastecer a la población minera e indígena.

En esas circunstancias, el año 1918 se denunció un contrabando de 80.000 latas de alcohol, acontecimiento que produjo revuelo de la opinión pública y puso de actualidad la supremacía de la Gran Minería sobre el Estado. En primer lugar la denuncia reveló que en 1912, Patiño se había adjudicado el Estanco de importación de alcohol que recababa los impuestos de internación y consumo de dicho producto. Enseguida se informó que el abogado del minero, Arturo Loayza, gestionaba una ley ante el Gobierno, para la rebaja del 50 por ciento de la anualidad que el Estanco pagaba al Estado.

Mientras se debatía el proyecto, en medio del receso parlamentario, caducó el contrato de concesión, pero entre tanto, el empresario minero había introducido al país 80.000 latas de alcohol peruano, hecho que fue considerado como contrabando. Conocido el caso, el gobierno del presidente Gutiérrez Guerra condenó a la empresa minera a pagar la multa de un millón y medio de bolivianos. Pero el gran empresario se opuso y movilizó al Senado para interpelar al Gabinete (formado inclusive por liberales adictos) y censurarlo.

La acción senatorial terminó por destapar el contrabando y se produjo intensa discusión, durante la cual los senadores hicieron gala de sus atributos oratorios, actuación que fue calificada como “debate histórico”. El ministro de Hacienda, José Luis Tejada Sorzano, defendió los intereses nacionales y mostró la dependencia de la economía boliviana de la industria minera y también reveló que el abogado del empresario contrabandista tenía una “mulata aspiración presidencial”. En medio de la interpelación, el Ministro Tejada Sorzano lanzó una sentencia premonitoria y dijo que el gabinete interpelado caería “no por haber faltado a la Constitución ni a las leyes”, sino que caería “al estruendo de 80.000 latas de alcohol introducidas de contrabando por una gran empresa minera”. En efecto, el gabinete fue censurado y el presidente Gutiérrez Guerra desestabilizado, por su posición “fiscalista”.

En todo caso, el Mandatario insistió en el pago de la multa por el delito de contrabando, pero el empresario minero se resistió al pago del millón y medio de bolivianos. La firme actitud a favor de la Nación fue criticada por la oposición de la Gran Minería que, por su parte, empezó a denigrar a Gutiérrez Guerra criticándolo por “haberse dedicado a la bebida”.

Finalmente, mientras el Gobierno insistía en el cobro de la multa, el empresario contrabandista apeló a la Corte Suprema y allí ganó el pleito, quedando eximido de pagar el millón y medio de bolivianos. Es más, quitó todo el apoyo al Gobierno y atizó al Partido Republicano de Salamanca (decidido defensor del libre comercio) hasta producir una crisis incontrolable que causó el derrocamiento del Gobierno en “la gloriosa” del 12 de julio de 1920. Así el estruendo del contrabando semioficial de 80.000 latas de alcohol hizo dar un viraje a la historia de Bolivia.

 



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