Bolivia, 30 de noviembre de 2008
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Lo que no debemos callar

ATPDEA y narcotráfico

Santiago Berríos Caballero

Para nadie es una novedad que el gobierno del presidente George Bush ha determinado la suspensión de las preferencias arancelarias que favorecían a nuestro país a través del ATPDEA. Esto se veía venir hace mucho tiempo, en razón de que nuestros gobiernos, de ayer y del presente, infelizmente no cumplían (ni cumplen) con las obligaciones adquiridas en relación con el gran problema del narcotráfico, habida cuenta que en forma contradictoria, inclusive a la propia Ley 1008 que actualmente está vigente, las plantaciones de coca han ido en aumento inusitado, no solamente en el Chapare sino también en los Yungas, sin que autoridad alguna pueda impedir tamaña barbaridad.

Es cierto que uno de los requisitos para la vigencia de aquellas preferencias arancelarias es precisamente una lucha intransigente contra el narcotráfico, y para ello sería importante la disminución de las áreas cocaleras, que se constituyen en la fuente originaria para ese flagelo, de modo que pueda por lo menos (sino liquidar completamente el narcotráfico) procurar bajar la temperatura de ese mal.

Todos los gobiernos han hecho lo contrario, inclusive el gobierno de Evo Morales que, desdoblándose en su personalidad, actuando como dirigente de las 15 o 16 federaciones del trópico, ha viabilizado las demandas de sus sindicatos para continuar con el crecimiento de las áreas cocaleras, al extremo de que se conoce que las mismas ya han llegado a las 27.000 hectáreas, con una clara violación al Art. 29 de la Ley 1008 que habilita solamente la superficie de 12.000 hectáreas.

Seguramente los organismos internacionales de apoyo a la lucha contra el narcotráfico, en este caso la DEA, han observado estas anomalías que no hacen sino desconocer las propias obligaciones del Estado, y al mismo tiempo las demandas de los cocaleros han apuntado a deshacerse de la presencia de dichos organismos, pero no con la intencionalidad de constituirnos los bolivianos en los únicos soldados en la lucha contra el narcotráfico, sino que el objetivo fue precisamente el de mantener la política expansionista del cultivo de la coca, tal cual está demostrado por los índices de producción de dicha hoja que, siendo sagrada originalmente, se ha convertido en una hoja sacrílega, porque no sirve solamente para la drogadicción de miles de jóvenes fuera de nuestras fronteras sino para nuestra propia juventud.

Por esa política equivocada el Gobierno norteamericano decidió cancelar aquel beneficio de las preferencias arancelarias que favorecían a nuestros industriales e inclusive a los microempresarios que están conformados por gente del pueblo, los que generaban empleo particularmente a favor de los sectores más pobres, los que, a semejanza del Decreto Supremo 21060 y la denominada Ley maldita de capitalización, dejará en las calles a miles de trabajadores y su efecto multiplicador en miles de familias, a las que el gobierno de Evo Morales tendrá que rendir cuentas.

No es suficiente pretender una suerte de sustitución del ATPDEA con el favor venezolano que, por lo demás, no tendrá los mismos resultados que se tenía en el comercio con el país del norte, puesto que la situación de inflación galopante que se observa en Venezuela, determinará que nuestros industriales y microempresarios no tendrán la respuesta que sería de desear.

No se puede esperar algo positivo en esa coyuntura, y estamos seguros de que la perspectiva de cambio que tiene Evo Morales con la presencia del nuevo presidente Barack Obama, se quedará simplemente en una quimera idealizada, porque la política de lucha contra el narcotráfico en EEUU es una “política de Estado”, y no simplemente una “política de gobierno”, de modo que nuestros industriales medianos y pequeños tendrán que soportar el cierre de sus negocios, sin que a corto plazo sea posible el lograr otros mercados, ya que, desde el punto de vista estrictamente comercial, es sumamente difícil.

Nos encontramos en una situación crítica, porque además el narcotráfico está cobrando más vigencia, lo que determinará que la imagen de Bolivia no sea saludable en el mundo. El Gobierno para tomar decisiones de la naturaleza que comentamos, debe obrar serenamente. Se es antiimperialista ideológicamente, pero en los negocios comerciales primeramente se debe tomar en cuenta los intereses de los pueblos, tal como lo hace Hugo Chávez. Es fundamental aprender la lección.

 



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