Presidente del Colegio Nacional de Abogados:
La detención de cívicos atenta contra derecho a juez natural
Los presuntos agresores del ex comandante de la policía de Santa Cruz, Wilge Obleas, están detenidos en La Paz a la espera de lo que determine un juez cautelar. |
•El Ministerio Público, jueces y autoridades que instigan a violar los derechos constitucionales de las personas pueden ser procesados.
•Los dirigentes cívicos de Tarija, Reynaldo Bayard y Marcelo Salazar fueron remitidos a la cárcel de San Pedro.
• Informe del Defensor del Pueblo afirma que la Policía incumplió deberes constitucionales el 11 de septiembre en Pando.
Las detenciones preventivas en Santa Cruz a cívicos de Tarija y su posterior traslado a la ciudad de La Paz para ser procesados es una flagrante violación a la garantía constitucional del derecho al juez natural que tienen todas las personas en el mundo.
Además, el Ministerio Público, los jueces que se están prestando para trasladar personas de un distrito judicial a otro, y las autoridades que están instigando a consumar tales acciones están cometiendo los delitos de: resoluciones contrarias a las leyes, detención indebida y prevaricato.
Los criterios anteriores corresponden al presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Edwin Rojas, al ser consultada su opinión sobre el accionar del Gobierno en el caso de la detención de dirigentes cívicos de Tarija en Santa Cruz, el apresamiento del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández y la amenaza de aprehender al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic y también trasladarlo a La Paz.
El jurista en declaraciones a EL DIARIO lamentó el accionar de profesionales del área que demuestran una completa falta de objetividad y parcialidad en su tarea.
“La garantía del derecho al juez natural es una garantía constitucional proveniente de la evolución del derecho que protege a las personas contra los abusos de poder. Implica que el ciudadano que es acusado de la comisión de un delito debe ser puesto a disposición del juez del lugar donde se cometió el hecho o del lugar donde es su domicilio”, explicó Rojas.
Sacarlo del conocimiento del juez natural y trasladarlo a otro distrito a elección de la autoridad que detenta el poder significa buscar otro juez que no sea parcial, por eso es que esa garantía es un derecho universal que se está violando flagrantemente en esos traslados de personas.
Por otra parte, toda comisión de delito debe ser denunciada e investigada ya que en estos casos, la detención preventiva es la excepción de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) que profesa la presunción de inocencia y al nuevo Código de Procedimiento Penal, por lo que se deben hacer las investigaciones sin detención preventiva.
Sólo en casos extremos se emplea esa figura, por ejemplo cuando hay peligro de fuga, peligro de obstaculización y cuando existen suficientes indicios de culpabilidad.
Para el presidente del Conalab estas acciones se han convertido ya en “una costumbre cotidiana” de tal manera que en Bolivia ya no se respetan las garantías constitucionales de las personas.
Entre los responsables de este proceso están, por una parte, el Ministerio Público, por otro lado los jueces quienes conocen las causas remitidas por la entidad mencionada. Ambos “han perdido su independencia”.
“Nos avergüenzan a los profesionales abogados los colegas que trasladan personas de un lugar a otro”, afirmó el Presidente de Conalab y recalcó que este procedimiento es “absolutamente ilegal e inconstitucional”.
Las personas y autoridades que están procediendo de esta forma están en el marco de un delito y de acuerdo al Artículo 34 de la CPE deberán responder por sus actos.
En este caso los que están cometiendo la arbitrariedad o el delito son los representantes del Ministerio Público, los jueces que conocen causas de las que no son competentes y, quienes resulten ser “instigadores de las comisiones de esos delitos”, quienes también son sometidos a proceso.
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